En la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la presencia de las y los 32 gobernadores y su gabinete, se subrayó la importancia de la coordinación entre autoridades federales y estatales para sostener las tendencias a la baja en homicidios y otros delitos de alto impacto. No obstante, la mandataria nacional señaló que la extorsión constituye el principal desafío para 2026 y que su combate exige trabajo conjunto y medidas homogéneas en todo el país.

Sheinbaum explicó que, aunque la cooperación intergubernamental ha mostrado resultados en reducción de homicidios, la extorsión tiene características locales que requieren intervenciones adaptadas pero articuladas. Por ello enfatizó la necesidad de alinear criterios entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) para homologar la tipificación y la estrategia de persecución, con el fin de mejorar la percepción de seguridad entre la población.

En el encuentro —celebrado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional— la presidenta reconoció la colaboración con los gobiernos estatales más allá de las discrepancias políticas y celebró la transición en la Fiscalía: si bien reconoció la labor del extitular, mencionó que con Ernestina Godoy al frente de la FGR se estrechará la coordinación en el gabinete de seguridad y con las fiscalías estatales.

Por su parte, la nueva titular de la FGR expuso un plan emergente orientado a resultados de corto plazo, articulado en seis ejes. Entre los puntos que presentó están: una coordinación más estrecha entre la Fiscalía y el gabinete federal de seguridad; el fortalecimiento de las fiscalías federales locales; un nuevo modelo de investigación e inteligencia compatible con los estándares probatorios del sistema penal; la reestructuración y modernización de la Agencia de Investigación Criminal; y la priorización de recursos hacia los delitos de alto impacto. Godoy reiteró el papel central de la fiscalía en la cadena de prevención, investigación y procuración de justicia.

Tanto la presidenta como la fiscal enfatizaron que las víctimas y la sociedad requieren un sistema integral que combine prevención, investigación y una impartición de justicia eficaz. Acordaron que alcanzar esos objetivos demanda la alineación de políticas entre los tres órdenes de gobierno y una coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia.

En la reunión participaron gobernadores de distintos signos políticos —Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— y los mandatarios de oposición valoraron la disposición del gobierno federal para ampliar la colaboración con las autoridades estatales. Los asistentes coincidieron en que la coordinación interinstitucional ha empezado a rendir frutos en la reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto, pero coincidieron en que temas como la extorsión requieren un esfuerzo sostenido y herramientas legales y operativas compartidas.

La sesión dejó clara la hoja de ruta política para 2026: intensificar la inteligencia y la investigación criminal, homogeneizar criterios de tipificación y persecución delictiva entre estados, y priorizar recursos y capacidades en delitos que dañan gravemente la convivencia y la percepción de seguridad, con especial atención a la extorsión como problema que trasciende fronteras estatales.