La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley General de Salud que establece la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, incluidos los dispositivos que calientan tabaco o vaporizan sustancias tóxicas. El dictamen fue avalado con la incorporación de una reserva clave del bloque mayoritario, que deja explícito que las personas usuarias no serán sancionadas por consumir o portar estos productos.

La enmienda fue respaldada por 292 votos a favor, principalmente de Morena y la mayoría de sus aliados, frente a 163 votos en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, a los que se sumaron 30 diputadas y diputados del PT y un voto del PVEM (Julio Scherer Pareyón). La discusión sobre el alcance de la prohibición y su impacto en jóvenes y consumidores se prolongó por casi nueve horas y dio pie a una sesión marcada por fuertes acusaciones cruzadas.

Morena aclara: el blanco son los negocios, no los usuarios

Para responder a las críticas de criminalización, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, presentó una reserva construida junto con Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, y la diputada petista Margarita García. El ajuste precisó el alcance de las sanciones contempladas en el artículo 282 y en el nuevo artículo 282 quáter.

Monreal explicó en tribuna que el objetivo no es perseguir el consumo personal, sino desmantelar el negocio que produce, distribuye y lucra con los vapeadores. La reserva añadió un párrafo al artículo 282 quáter para establecer que:

“Queda prohibida en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización. Se exceptúa de la prohibición su consumo y posesión.”

Con ello, el coordinador de Morena subrayó que portar uno o dos cigarrillos electrónicos o consumirlos no constituirá delito ni infracción, y que el régimen sancionador se concentrará en quienes fabriquen, almacenen, distribuyan o comercialicen estos dispositivos con fines de lucro.

Monreal reconoció que, sin esta precisión, el artículo 456 Bis podía prestarse a interpretaciones que abrieran la puerta a castigar también a las personas usuarias, por lo que presentó la reserva como un blindaje jurídico para acotar las sanciones solo a la cadena comercial.

Prohibición amplia: dispositivos, desechables y nuevas formulaciones

La reserva aprobada también fortalece la definición legal de los productos sujetos a prohibición. En el artículo 282 Ter se precisó que se consideran cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos a cualquier aparato con sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas.

Además, se incorporó una descripción más detallada de las sustancias que pueden ser utilizadas en estos dispositivos:

• Líquidos

• Geles

• Sales

• Ceras

• Aerosoles secos

• Resinas

• Aceites cerosos

• Otras formulaciones sintéticas, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por las personas consumidoras

  
  

Asimismo, se dejó claro que la prohibición abarca también los dispositivos desechables de un solo uso, con la intención de cerrar posibles vacíos regulatorios y evitar que nuevos productos intenten evadir la norma mediante cambios de presentación o formulación.

De acuerdo con lo expuesto en tribuna, uno de los argumentos centrales del bloque mayoritario es el impacto de estos productos en población joven: se citó la existencia de centenares de miles de niñas, niños y adolescentes que ya utilizan cigarrillos electrónicos, lo que el oficialismo presenta como un problema de salud pública en expansión.

Rupturas en el PT y críticas por mercado negro y violencia simbólica

La votación también exhibió divisiones internas en el PT. El dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, instruyó votar en contra; sin embargo, tras un debate interno se dejó voto libre. Al final, 30 legisladores petistas sufragaron en contra, mientras que 10 diputadas y diputados, entre ellos su coordinador Reginaldo Sandoval, se sumaron al bloque que apoyó la prohibición.

Desde la oposición, el rechazo se mantuvo incluso después de que Morena precisara que los usuarios no serán sancionados. Legisladoras y legisladores de PRI, PAN y MC advirtieron que la prohibición total, sin esquema regulatorio, puede fortalecer el mercado ilegal de vapeadores y abrir espacio para que el crimen organizado amplíe su control sobre estos productos.

La diputada de Movimiento Ciudadano Irais Reyes aseguró que al negarse a regular un producto que la población ya consume, se genera más mercado negro y más margen para que se incorporen sustancias peligrosas, como fentanilo, en los dispositivos. Afirmó que, en lugar de reducir riesgos, la política de prohibición abre la puerta a que “se le pueda poner cualquier cosa al vapeador” y advirtió el riesgo de “convertirnos en una sociedad de zombis”.

La discusión escaló también en el plano del discurso. Pedro Zenteno, en defensa de la reforma, utilizó una expresión ofensiva citando al escritor José Saramago, lo que motivó la respuesta en tribuna de la diputada emecista Anayeli Muñoz, quien pidió que se investigaran las expresiones machistas del legislador y anunció una queja ante el Comité de Ética por considerar que se trató de un caso de violencia verbal y simbólica contra las mujeres.

Desde el PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla calificó la reforma como un intento de control político disfrazado de moral, y acusó a Morena y aliados de “legislar al vapor” y de haber reconocido, con las correcciones de última hora, que el diseño original sí abría la puerta a criminalizar a la juventud.

Prohibición, salud y seguridad: un debate que continúa

Aunque la reforma aprobada en lo particular aclara que consumir o portar vapeadores no será delito, la decisión de mantener una prohibición absoluta sobre la cadena de producción y comercialización sigue generando reservas entre especialistas, organizaciones de usuarios y parte de la oposición, que reclaman un modelo basado en regulación y reducción de daños en lugar de un veto total.

El dictamen forma parte de una agenda más amplia en materia de salud impulsada por el bloque mayoritario, que combina medidas de control de productos nocivos con ajustes institucionales en el sector. El debate sobre el equilibrio entre protección de la juventud, derechos de consumo, mercado ilegal y salud pública seguirá presente mientras la reforma avance en el proceso legislativo y se diseñen sus instrumentos de aplicación.