La administración del presidente Donald Trump calificó a Chicago como una “zona de guerra” y ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional como parte de una operación vinculada a un aumento en las redadas migratorias en la ciudad, una decisión que ha provocado fuertes críticas de autoridades demócratas y movilizaciones en barrios afectados.

Según autoridades estatales, el gobierno federal autorizó el despliegue de centenares de soldados —aproximadamente 300 según reportes oficiales— a pesar del rechazo del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y de otros cargos locales que consideran la medida una intromisión y una escalada innecesaria. En respuesta, el estado y la ciudad presentaron acciones legales para impedir la llegada de las tropas.

El endurecimiento de las operaciones se produjo tras una serie de redadas en el área metropolitana, incluida una intervención en un edificio de South Shore que, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, dejó a 37 personas detenidas. Testimonios de residentes, activistas y autoridades locales describen tácticas de alto impacto —como agentes que descendieron en rappel desde helicópteros, uso de vehículos sin identificación y detenciones puerta por puerta— que, según denuncias, habrían incluido la sujeción con bridas de menores y ciudadanos con estatus legal. Estas prácticas han encendido la indignación pública y motivado órdenes de investigación por parte del gobierno estatal.

El choque político no se limita a cuestionamientos retóricos: el gobernador Pritzker ordenó indagatorias estatales sobre el trato a los niños y pidió que se investiguen las tácticas empleadas por los agentes federales, mientras organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios han exigido transparencia y límites a las acciones federales en barrios residenciales. Las autoridades federales han defendido las redadas alegando que perseguían redes de crimen organizado, tráfico de armas y delitos relacionados.

El episodio también abrió un debate nacional sobre el uso de fuerzas armadas o de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses: una encuesta reciente citada por medios mostró que un 42% de los consultados apoya desplegar a la Guardia en urbes, mientras que el 58% se opone, una división que se refleja en la polarización política alrededor de la estrategia del gobierno para abordar migración y seguridad.

Mientras la administración federal sostiene que sus acciones buscan proteger instalaciones críticas y reducir la actividad criminal, los gobiernos locales denuncian un patrón de intervenciones que aumentan la tensión social y colocan en riesgo la convivencia en comunidades ya fracturadas. El conflicto legal y político entre el Ejecutivo federal y las autoridades de Illinois seguirá en los tribunales y en la opinión pública, con potenciales repercusiones sobre el manejo de la seguridad y la inmigración en otras ciudades del país.