En el marco del intercambio de detenidos entre Washington y Caracas, 252 migrantes venezolanos retornaron este viernes tras pasar más de cuatro meses recluidos en la megacárcel para pandilleros de El Salvador. A su llegada, el fiscal general Tarek William Saab anunció una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios salvadoreños, apuntando a denuncias de golpizas diarias, torturas, abuso sexual y alimentación en mal estado.

Los testimonios recabados por el Ministerio Público venezolano revelan heridas múltiples, moretones, cicatrices de balas de goma y fracturas, además de aislamiento prolongado sin luz solar ni ventilación. Un video oficial muestra a Andry Hernández Romero, estilista de 32 años, describiendo agresiones físicas y psicológicas, y un intento de violación por parte de custodios. Durante la estancia en el Cecot, los migrantes no tuvieron acceso a representación legal ni pudieron comunicarse con sus familias.

Caracas sostiene que, mientras sus connacionales vivían “ese infierno”, El Salvador recibía a prisioneros estadounidenses liberados en el mismo canje. El politólogo Napoleón Campos, radicado en España, afirma que la isla de confinamiento ha convertido al país centroamericano en una “cárcel internacional”, afectando su imagen. Aunado a esto, EE. UU. acusó sin presentar pruebas a los venezolanos de pertenecer al tren de bandas criminales “Tren de Aragua”, y aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para su expulsión.

En Venezuela, los repatriados se someten a exámenes médicos, renuevan su cédula y brindan declaración ante fiscales. Familias como la de Mervin Yamarte, uno de los liberados, celebran su regreso aunque ignoran la fecha exacta de su salida del aeropuerto. Mientras tanto, la investigación de Saab podría ampliar la presión internacional, en un país que enfrenta sus propias indagatorias por presuntas torturas y por retener abogados privados, ante la Corte Penal Internacional.