Montevideo — Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en aprobar por ley la eutanasia. El Senado respaldó el proyecto Muerte digna luego de un debate intenso de diez horas, con 20 votos a favor entre los 31 legisladores presentes, cerrando un proceso legislativo que se extendió por cinco años y que generó amplia discusión en la sociedad uruguaya. Según la consultora Cifra, el 62% de la población apoyaba la iniciativa.

La norma aprobada autoriza a adultos psíquicamente aptos que se encuentren en una etapa terminal por una enfermedad incurable e irreversible —o que padezcan un sufrimiento insoportable— a solicitar la eutanasia, siempre que el procedimiento sea realizado por un profesional de la salud. El senador Daniel Borbonet (Frente Amplio) defendió la ley argumentando que transitar el final de la vida con dignidad ante una enfermedad intratable “no es un delito”. El proyecto enfrentó la oposición de grupos católicos y sectores conservadores, pero contó con el respaldo de la coalición de izquierda y de miembros de partidos de centroderecha.

Aunque Uruguay es el primer país de la región en regular por ley la eutanasia, otros países latinoamericanos han avanzado mediante fallos judiciales o reformas que permiten, en distintos grados, la muerte asistida o la negativa a tratamientos que prolongan la vida. A continuación, un panorama por países:

• Colombia: Despenalizó la muerte asistida en 1997 y la legalizó en 2015 por decisión de la Corte Constitucional. El marco regulatorio exige que el paciente tenga una enfermedad terminal o un sufrimiento intenso, y que el procedimiento cuente con la autorización de un comité científico-interdisciplinario. En 2021 la Corte amplió el derecho a quienes sufran intenso sufrimiento físico o psíquico por una enfermedad incurable.

  
  

• Ecuador: A principios de 2024 la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las penas que impedían la eutanasia en casos extremos, estableciendo condiciones para que médicos puedan acceder a la solicitud libre, informada e inequívoca de pacientes con padecimientos graves, irreversibles y de intenso sufrimiento.

  
  

• Perú: Aunque la eutanasia sigue prohibida en las leyes, una decisión judicial en 2021 permitió a una persona con una enfermedad degenerativa acceder a la muerte asistida, marcando un precedente judicial relevante.

  
  

• México: No existe una ley federal que legalice la eutanasia; sin embargo, en la Ciudad de México y en estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Yucatán se permite rechazar tratamientos que prolongan la vida —conocido como eutanasia pasiva o derecho a la negativa terapéutica—.

  
  

• Argentina y Chile: Ambos países permiten rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida. Argentina aprobó en 2012 una ley sobre el rechazo a tratamientos en pacientes terminales; Chile también cuenta con marcos legislativos y proyectos orientados a la muerte digna y cuidados paliativos, y en 2020 la Cámara de Diputados avanzó en iniciativas sobre este tema.

  
  

• Cuba: En 2023 la Asamblea Nacional incorporó la figura de la muerte digna en una actualización legislativa del sistema de salud, reconociendo el derecho a decisiones sobre el final de la vida y abriendo la puerta a futuras regulaciones en la materia.

  
  

En el resto del mundo —según los marcos existentes en varios países— la regulación varía entre la legalización de la eutanasia activa, el suicidio asistido o mecanismos que permiten únicamente la negativa a tratamientos. Algunos hitos señalados son:

• Estados Unidos: La muerte asistida es legal en diez estados y en Washington D.C.; Oregón fue pionero en 1997 con un modelo donde el paciente se autoadministra los medicamentos prescritos.

  
  

• Canadá: Introdujo la muerte asistida en 2016 para pacientes terminales y en 2021 amplió los criterios para incluir a personas con sufrimiento intolerable por enfermedades o discapacidades irreversibles.

  
  

• Europa: Países como Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria cuentan con alguna forma de muerte asistida legal. España aprobó su ley en 2021; Suiza, con regulaciones desde 1942, permite además que extranjeros accedan a la muerte asistida a través de organizaciones específicas.

  
  

La aprobación en Uruguay pone en evidencia la diversidad de enfoques legales y éticos sobre el final de la vida en América Latina y el mundo. La votación en Montevideo cierra un capítulo legislativo local, pero abre etapas de implementación que exigirán protocolos claros, controles éticos, comités interdisciplinarios y garantías de protección para pacientes y profesionales de la salud. Al mismo tiempo, la medida reaviva el debate público sobre derechos individuales, el papel del Estado en la regulación médica y las salvaguardas necesarias para evitar abusos.