TV Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas intentan extender por más de un año el proceso de descubrimiento de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dentro del juicio que enfrentan contra sus acreedores por una deuda que, de acuerdo con los propios abogados de la empresa, ya supera los 600 millones de dólares.

En una carta fechada el 12 de noviembre y enviada al juez Paul G. Gardephe, la defensa de la televisora rechazó solicitar la desestimación o suspensión del proceso estadounidense mientras se resuelve el arbitraje que se sigue en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

En lugar de eso, Tv Azteca propone un esquema procesal largo y escalonado para la fase de descubrimiento, argumentando que los acreedores —encabezados por The Bank of New York Mellon— esperaron casi tres años para presentar la demanda y que, por ello, no tendrían motivos para oponerse a un calendario que se prolongue “unos meses más”.

Un calendario de casi 600 días para responder a los acreedores

La estrategia de la televisora contempla que la contestación formal a la demanda se presente hasta el 26 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, plantea una serie de etapas procesales encadenadas: plazos de “dos semanas después”, “120 días después” o “100 días después”, hasta completar un proceso de descubrimiento de pruebas de alrededor de 591 días.

Según los documentos judiciales, la defensa —a cargo del despacho Greenberg Traurig— sostiene que este “prolongado proceso” es necesario para:

• Investigar detalladamente la nacionalidad y composición de los acreedores a los que Tv Azteca dejó de pagar.

• Analizar a fondo la legislación mexicana en materia de tasas de interés.

• Hacer valer lo que denomina las “protecciones mexicanas contra la usura” frente a los rendimientos que exigen los tenedores de bonos.

  
  

La televisora también plantea que, al existir procedimientos paralelos —el juicio en Nueva York y el arbitraje internacional—, podría configurarse una “doble indemnización” a favor de sus acreedores, por lo que eventualmente buscaría algún tipo de compensación si ambos procesos les resultan favorables.

Grupo Salinas insiste: el caso es mexicano, no neoyorquino

Aunque el contrato de los bonos —según sostienen los acreedores— establece que cualquier controversia debe resolverse ante los tribunales de Nueva York, la defensa de Tv Azteca insiste en que el “centro de gravedad” de la operación está en México.

En sus argumentos afirma que:

• Tv Azteca es una empresa mexicana.

• La resolución del caso tendría impactos significativos en México.

• El país tiene un interés mayor en el litigio que el propio estado de Nueva York.

  
  

Por ello, la compañía insiste en que deben aplicarse las leyes mexicanas, particularmente en lo referente a usura y límites a las tasas de interés. De acuerdo con su postura, aplicar la ley neoyorquina para dejar sin efecto dichas protecciones iría en contra del orden público mexicano.

La televisora subraya que, conforme al marco legal de México, es un delito obtener “rendimientos desproporcionados”de los deudores, y usa este argumento para señalar el crecimiento de su deuda con los tenedores de bonos, que ya rebasa los 600 millones de dólares.

De los bonos de 2017 al conflicto internacional

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando Tv Azteca emitió bonos de deuda por 400 millones de dólares. Años después, la empresa dejó de cumplir con los pagos correspondientes a dichos instrumentos.

Posteriormente, en tribunales mexicanos, obtuvo una protección judicial con el argumento de que la compañía se vio gravemente afectada por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, lo que le impedía atender sus obligaciones financieras en los términos pactados.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los acreedores recurrieron a los tribunales de Nueva York y a mecanismos internacionales como el CIADI, abriendo así un frente legal paralelo que ahora Tv Azteca intenta gestionar con una combinación de dilación procesal, argumentos de derecho internacional privado y la invocación de las leyes mexicanas contra la usura.

El resultado de esta confrontación legal definirá no solo el futuro financiero de la televisora, sino también el alcance real de las protecciones que las empresas mexicanas pueden reclamar frente a sus acreedores extranjeros cuando los contratos remiten a jurisdicciones y leyes distintas a las nacionales.