El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el 14 de agosto de 2025 que no siguió “al pie de la letra” todos los procedimientos al ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y asumir el control federal de la Policía Metropolitana, decisión que justificó por un supuesto incremento de la violencia en la capital.

La Casa Blanca anunció la movilización de varios centenares de efectivos de la Guardia Nacional y la declaración de una “Emergencia de Seguridad Pública” por 30 días, además de la federalización temporal de la policía de la ciudad. La Administración nombró a autoridades federales para coordinar la operación, en un movimiento que autoridades locales han definido como un inusual ejercicio de intervención sobre el gobierno municipal.

Las labores conjuntas incluyeron la presencia de agentes de múltiples agencias federales —entre ellas FBI, DEA e ICE— y patrullajes continuos durante la noche en distintos puntos de la capital. Las autoridades vinculadas al operativo informaron de varias decenas de detenciones: en una de las noches de intervención se reportaron 45 arrestos y la detención de 29 personas señaladas como inmigrantes indocumentados, cifras que difundió la portavoz de la Casa Blanca en comunicaciones públicas.

La medida desató rechazo y acciones legales de los responsables locales: el gobierno del Distrito de Columbia y autoridades de la ciudad han cuestionado la legalidad de la federalización y han anunciado recursos y demandas en tribunales para impugnar la intervención. Paralelamente, la jefa de la policía local emitió medidas para limitar la cooperación con agentes federales en materia migratoria, en un intento por preservar las normas del Distrito.

Defensores de la decisión en la Casa Blanca sostienen que la intervención busca recuperar el “orden” en la capital; críticos y organismos de derechos civiles han advertido sobre el efecto intimidatorio del despliegue —especialmente en comunidades migrantes— y sobre el riesgo de vulnerar competencias locales. El choque entre la administración federal y las autoridades del Distrito añade otra dimensión política y legal a una operación que, en los próximos días, podría traducirse en batallas judiciales y audiencias públicas.