El presidente Donald Trump aseguró el martes que las fuerzas estadounidenses han destruido tres embarcaciones en operaciones contra presuntos traficantes vinculados a Venezuela, una cifra mayor a la que había revelado días antes, cuando informó de dos ataques recientes. El mandatario hizo la declaración a la prensa en la Casa Blanca antes de partir en visita de Estado al Reino Unido.

La Administración no ofreció datos concretos sobre la ubicación ni la fecha del supuesto tercer ataque, y funcionarios militares y del Pentágono declinaron ofrecer precisiones inmediatas, lo que dejó abiertas interrogantes sobre el alcance y la legalidad de estas acciones en aguas internacionales. Trump, al exigir que “dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, vinculó las operaciones a la lucha contra redes que, según su gobierno, actúan desde Venezuela.

Los incidentes precedentes incluyen un ataque del 2 de septiembre que, según el presidente, dejó 11 muertos, y un segundo bombardeo que, según Trump y comunicados presidenciales recientes, causó tres fallecimientos; en ambos casos la Casa Blanca dijo que las embarcaciones estaban relacionadas con narcotráfico y con grupos que denomina “narcoterroristas”. Las autoridades han citado el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM) como marco operativo de las acciones.

En paralelo a las operaciones militares, Washington ha intensificado sus sanciones y medidas contra el liderazgo venezolano por supuestos vínculos con el narcotráfico: el gobierno estadounidense elevó a hasta 50 millones de dólaresla recompensa por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro, según comunicados oficiales del Departamento de Estado. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que ha incluido designaciones y anuncios contra presuntos grupos y líderes involucrados en el tráfico de drogas.

Las acciones han desatado críticas y preguntas desde diversos frentes: analistas legales y legisladores han cuestionado la base jurídica para emplear fuerza letal en alta mar contra presuntos narcotraficantes sin detenciones previas; otras voces alertan sobre el riesgo de escalada diplomática con Caracas. El Ejecutivo, por su parte, defiende las operaciones como necesarias para protección de la seguridad nacional y la interrupción de rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos.