En los últimos días se ha viralizado la idea de que “suspenderán las visas americanas de todos los mexicanos que se encuentren en cierta condición de salud” y que esto ocurrirá “de manera inmediata”. La realidad es más compleja: Estados Unidos sí endureció los criterios de evaluación por “carga pública”, lo que puede traducirse en más negativas de visa para personas con problemas de salud y recursos limitados, especialmente en visas de inmigrante, pero no hay una cancelación automática y generalizada de visas para todos los mexicanos.

De acuerdo con una nueva directriz enviada por el Departamento de Estado a embajadas y consulados, los oficiales deben analizar con lupa si una persona puede convertirse en una “carga pública”, es decir, alguien que potencialmente dependa de ayudas del gobierno estadounidense. La guía enfatiza ahora factores como edad, estado de salud, capacidad económica, educación, uso previo de beneficios y riesgo de necesitar tratamientos médicos costosos.

La edad avanzada: un factor de riesgo, no una prohibición absoluta

La nueva línea política no dice que “todo adulto mayor tendrá la visa cancelada”, pero sí coloca a las personas de la tercera edad bajo una lupa mucho más estricta.

La lógica de la administración estadounidense es que, a mayor edad, mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas —como diabetes, problemas cardíacos, cáncer o trastornos respiratorios— que puedan requerir tratamientos prolongados y costosos.

Por eso, en el caso de visas de inmigrante (quienes buscan vivir de forma permanente en Estados Unidos), los consulados deberán valorar:

• Si la persona cuenta con ahorros, ingresos, pensión o apoyo familiar suficiente para cubrir posibles gastos médicos.

• Si tiene seguro de salud o algún plan realista para financiar su atención médica.

• Si su situación de salud, combinada con bajos recursos, la vuelve probable candidata a depender de programas públicos de asistencia (lo que activa el criterio de “carga pública”).

  
  

En la práctica, esto se traduce en algo duro pero importante de entender:

Las personas mayores con pensiones muy bajas, sin ahorros y con problemas de salud graves enfrentarán más dificultades para que les aprueben una visa de inmigrante.

Eso no significa que todas las solicitudes de adultos mayores serán rechazadas, ni que se suspenden automáticamente las visas de quienes ya la tienen, pero sí que el margen de aprobación se vuelve más estrecho.

El examen médico: una pieza clave en la decisión consular

Toda persona que solicita una visa de inmigrante debe someterse a un examen médico obligatorio con médicos autorizados por la embajada o el consulado estadounidense. Este requisito no es nuevo, pero su peso en la decisión se vuelve mayor bajo la nueva orientación de “carga pública”.

En ese examen se revisan, entre otras cosas:

• Enfermedades transmisibles (como tuberculosis).

• Historial de uso de drogas o alcohol.

• Condiciones de salud mental.

• Presencia de enfermedades crónicas que podrían requerir tratamientos constantes y costosos.

  
  

Los resultados se envían directamente al consulado. A partir de ahí, el oficial consular decide si, combinando la información médica con la situación financiera y familiar del solicitante, la persona podría convertirse en una carga para el sistema público de salud estadounidense.

Un punto delicado es que la guía otorga amplia discrecionalidad a los oficiales para valorar qué tan grave es una condición de salud y cuánto podría costar. Organizaciones migrantes y abogados han advertido que esto puede derivar en decisiones más restrictivas y subjetivas, sobre todo contra personas mayores y de bajos ingresos.

¿Rechazo automático y sin apelación? Cómo funciona en la práctica

En la mayoría de los casos, cuando un consulado determina que una persona no cumple con los requisitos —incluido el criterio de carga pública— la visa es negada en ese momento.

• No existe un mecanismo de “apelación exprés” directamente en el consulado.

• La persona puede reaplicar más adelante, o en ciertos casos tramitar per misos especiales o exenciones, pero eso implica nuevos procesos, tiempo y costo.

  
  

El gobierno de Estados Unidos sostiene que estas medidas protegen al contribuyente y al sistema de salud, evitando que nuevos residentes dependan de programas como Medicaid u otros apoyos públicos.

Por su parte, organizaciones de derechos civiles y grupos pro-migrantes han criticado las modificaciones al señalar que:

• Discriminan en los hechos a personas mayores y con enfermedades crónicas.

• Generan miedo e incertidumbre, especialmente en familias que buscaban reunificación familiar.

• Podrían desincentivar la búsqueda de atención médica por temor a afectar futuros trámites migratorios.

¿Qué significa esto para las y los solicitantes mexicanos?

Para las personas mexicanas —y en general, para todos los solicitantes— las nuevas directrices implican:

• Más escrutinio en visas de inmigrante (residencia, reunificación familiar, etc.), sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

• Mayor importancia de demostrar solvencia económica, apoyo familiar sólido, seguros médicos y un plan de vida creíble en Estados Unidos.

• Un escenario más incierto para quienes tienen pensiones bajas, pocos ahorros y problemas de salud.

  
  

Lo que no implica:

• No hay una suspensión masiva e inmediata de todas las visas americanas para mexicanos.

• No hay una regla que diga que “toda persona de tercera edad perderá su visa automáticamente”.

• Las visas de turista y otros visados de no inmigrante también se pueden ver afectadas por el criterio de carga pública, pero la directriz se centra especialmente en quienes buscan vivir o residir por largos periodos.

  
  

Por ello, para cualquier persona mexicana —en especial adultos mayores— que piense solicitar una visa de inmigrante, será clave:

• Preparar documentación financiera sólida (estados de cuenta, pensión, propiedades, carta de apoyo del familiar patrocinador).

• Acreditar, en la medida de lo posible, cobertura médica o capacidad real de pagar seguros y tratamientos.

• Asesorarse con abogados o especialistas en migración para entender cómo se aplica la regla de “carga pública” a su caso específico.