El presidente Nayib Bukele logró lo que parecía imposible: con el apoyo de una Asamblea Legislativa alineada a sus intereses, impulsó una reforma constitucional que eliminó la segunda vuelta, extendió el mandato presidencial a seis años y abrió la puerta a la reelección indefinida. Lo que se vendió como una modernización electoral derivó en un sistema donde un solo hombre prevalece sobre las instituciones, marcando el fin de la incipiente democracia salvadoreña y el nacimiento de una dictadura contemporánea.

Aunque Bukele llegó a la alcaldía de San Salvador impulsado por la izquierda del FMLN, su habilidad política lo llevó a pactar tanto con maras como con fuerzas militares para garantizar la seguridad, su principal bandera. Hoy controla el poder legislativo, el judicial y los órganos de fiscalización, replicando estrategias vistas en regímenes autoritarios de la región. Su discurso mesiánico —afir­mando que “habla con Dios” y es su “instrumento”— refuerza una narrativa de liderazgo personalista que recuerda a figuras como Pinochet o Hugo Chávez, pero con un marcado tinte populista.

La historia de El Salvador contiene ejemplos similares: en 1940, el general Maximiliano Hernández Martínez ascendió gracias a la promesa de orden y prosperidad, extendiendo luego su régimen por más de 13 años mediante el uso de las armas y maniobras legislativas. En la actualidad, la vía rápida de las reformas exprés y el estado de excepción vienen acompañados de un alto precio: la renuncia voluntaria o forzosa de derechos políticos y libertades civiles a cambio de una paz relativa.

Este modelo de “seguridad a toda costa” presenta una amenaza para toda Centroamérica, donde la familia Ortega en Nicaragua ya mostró el rostro más violento de la tiranía: encarcelamientos arbitrarios, persecución de opositores y sanciones a la Iglesia. La metamorfosis de Ortega y el avance de Bukele demuestran que los caudillos mesiánicos, aun cuando gozan de gran carisma y respaldo popular inicial, tienden a convertirse en los principales depredadores de la democracia.

El balance no es alentador. El Salvador ha ganado calles más seguras, pero a costa de sus instituciones, una prensa cooptada y un sistema judicial a merced del Ejecutivo. Frente a este escenario, se vuelve urgente impulsar reformas que refuercen contrapesos, consolidar organismos autónomos y promover la participación ciudadana. La región no necesita más hombres fuertes: requiere instituciones sólidas, marcos legales claros y un compromiso real con la democracia.