El juicio oral contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y siete acusados por presunta tentativa de golpe comenzó este martes en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. En la primera jornada la Fiscalía, representada por el procurador general Paulo Gonet, solicitó que los ocho sean hallados culpables por su papel en una trama que, según la acusación, buscó impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

Antes de entrar en el debate probatorio, el relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes, dedicó palabras tajantes a la trascendencia del proceso y defendió la independencia judicial frente a presiones externas. De Moraes afirmó que hubo un intento de instalar “un estado de excepción y una verdadera dictadura”, y advirtió sobre los riesgos de la impunidad para la democracia brasileña.

En su exposición, el fiscal Gonet describió la supuesta conspiración como un plan “progresivo y sistemático” iniciado en 2021, con campañas para deslegitimar el proceso electoral, movilizaciones y el eventual asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo. Según la Fiscalía, la documentación recabada —mensajes, planillas y borradores— prueba la existencia de una organización criminal que llegó incluso a planear atentados contra altas autoridades.

El proceso entraña sanciones severas: si se acumulan penas por varios delitos, Bolsonaro y otros acusados podrían enfrentar sentencias que, en la práctica, suman más de 40 años en caso de condena máxima por todos los cargos imputados, si bien los cálculos finales y posibilidades de recursos aún dependen de la decisión del tribunal.

Bolsonaro, que permanece bajo arresto domiciliario, no asistió a la audiencia presencial por razones de salud alegadas por su defensa; siguió la sesión desde su casa en Brasilia. Mientras tanto, las defensas rechazaron la narrativa de la Fiscalía y pidieron la absolución de los imputados, argumentando insuficiencia probatoria y cuestionando la validez de algunas pruebas, como documentos e informes presentados en la causa.

Entre las defensas hubo también matices: el abogado del exedecán Mauro Cid defendió el acuerdo de cooperación firmado por su cliente, que ha aportado información clave a la investigación; otras defensas calificaron algunos documentos incautados como “apócrifos” o carentes de valor probatorio. El juicio continuará con las exposiciones de las restantes defensas y luego pasará a la fase de votos y propuesta de penas por parte del magistrado instructor y los demás miembros de la sala.

El calendario del proceso marca la reanudación de audiencias la próxima semana, cuando los jueces deliberarán sobre la sentencia: la sala ya reservó sesiones para culminar la fase de votación y potencialmente fijar las penas entre los días 9 y 12 de septiembre. El tribunal será además observador de tensiones internacionales, dado el intercambio de críticas de actores extranjeros que consideran el caso políticamente sensible.