El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el inicio de una intensa operación de control migratorio en el área de Chicago, con el objetivo declarado de detener a “inmigrantes ilegales delincuentes” que, según la dependencia, se han beneficiado de las políticas de santuario de la ciudad y del estado. Medios locales identificaron la campaña como “Operation Midway Blitz” y señalaron que la acción será coordinada por ICE y otras agencias federales.

Según reportes periodísticos, alrededor de 300 agentes federales se han concentrado en la base naval Great Lakes, al norte de Chicago, que funciona como centro logístico para las operaciones previstas en la región. Las autoridades federales además han sugerido la posible participación o despliegue de la Guardia Nacional, lo que elevó el nivel de tensión con gobiernos estatales y municipales que se oponen a intervenciones masivas en jurisdicciones con políticas de no cooperación con ICE.

El anuncio del DHS fue recibido con fuertes protestas de funcionarios locales y estatales. Chicago y ciudades vecinas han emitido comunicados y alertas para advertir a la población sobre redadas y aconsejar medidas de protección comunitaria; en Evanston, por ejemplo, el gobierno local envió información masiva a familias y escuelas ante la posibilidad de operativos cerca de la ciudad. Líderes locales han calificado la acción como una intromisión y un riesgo para la confianza entre comunidades migrantes y autoridades.

La ofensiva llega en paralelo a maniobras jurídicas y ejecutivas que favorecen operaciones federales más agresivas: la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de forma provisional la reanudación de redadas e “roving patrols” en el sur de California, una decisión que desbloqueó detenciones que estaban limitadas por fallos anteriores y que analistas legales califican de controversial por sus implicaciones sobre derechos civiles. Ese fallo ha servido de precedente para que la administración reitere su intención de ampliar las intervenciones en otras regiones del país.

Los operativos federales también se han intensificado en ciudades como Boston, donde el Departamento de Justicia presentó recientemente una demanda contra la alcaldesa y la ciudad por sus políticas pro-inmigrantes, y donde se reporta un aumento de la presencia de agentes del ICE. El contexto es además un marcado incremento en las detenciones migratorias a nivel nacional: análisis de datos de detención muestran que la población recluida por ICE y dependencias relacionadas alcanzó niveles récord este año, con un porcentaje significativo de personas sin antecedentes penales —una cifra y tendencia documentadas por investigadores del área.

Reacciones y preocupaciones

• Gobiernos locales: alcaldes y gobernadores demócratas han denunciado la medida como ilegal o anticonstitucional, y algunos han advertido que la presencia militar o de la Guardia Nacional no está justificada ni coordinada con autoridades estatales.

• Organizaciones civiles y defensores de derechos: temen que las redadas generen miedo en comunidades vulnerables, reduzcan las denuncias de delitos y provoquen detenciones de personas sin historial criminal.

• Partidarios de la operación: argumentan que las acciones están dirigidas a extranjeros con antecedentes delictivos y que buscan reducir la delincuencia vinculada a migración irregular.

  
  

Las autoridades recomiendan estar atentos a comunicados oficiales de municipios y escuelas, conocer los recursos legales locales y, en caso de observar actividades de detención, documentar y reportar con seguridad a organizaciones de apoyo a migrantes. Líderes comunitarios también han convocado protestas y redes de solidaridad para acompañar a familias afectadas.