El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó como “inaceptables”los recientes ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas desde Sudamérica, y urgió a que cesen de inmediato mientras se realizan investigaciones independientes y transparentes.

La oficina de Türk —a través de su portavoz Ravina Shamdasani— subrayó que esas operaciones han tenido un coste humano creciente y que el uso intencionado de fuerza letal en contextos que no constituyen un conflicto armado sólo está permitido como último recurso frente a una amenaza inminente a la vida; de lo contrario podría constituir una violación del derecho a la vida y equivaler a ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido, el Alto Comisionado consideró que los bombardeos aéreos en el Caribe y el Pacífico podrían violar el derecho internacional de los derechos humanos.

Fuentes internacionales han vinculado la campaña estadounidense iniciada a principios de septiembre con al menos una decena de ataques y un saldo de víctimas que, según reportes, ya supera las 60 personas, lo que explica la alarma de organismos de derechos humanos y gobiernos de la región. El secretario de Defensa de EE. UU. anunció el último ataque, mientras la Casa Blanca y el presidente Donald Trump han defendido la escalada como parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

La oficina del Alto Comisionado pidió investigaciones “prontas, independientes y transparentes” y reclamó a Washington que adopte todas las medidas necesarias para impedir la muerte extrajudicial de personas que se encuentren a bordo de estas embarcaciones, “cualquiera que sea el presunto delito que se les atribuya”. Ese llamado plantea un reto diplomático y jurídico: conciliar la lucha contra el crimen transnacional con las obligaciones de los Estados de respetar y proteger los derechos humanos en alta mar.

La condena de la ONU se suma a las críticas y la inquietud regional: actores políticos y organizaciones civiles han advertido del riesgo de que operaciones unilaterales o con inteligencia insuficiente deriven en violaciones de derechos y en incidentes que compliquen la cooperación hemisférica contra el narcotráfico. Desde la perspectiva de la comunidad internacional, las autoridades deben priorizar mecanismos jurídicos y de rendición de cuentas que aclaren responsabilidades y eviten que la respuesta contra el tráfico ilícito se traduzca en pérdidas de vidas evitables.

El pronunciamiento del Alto Comisionado marca un hito por ser una declaración contundente de una agencia de la ONU sobre estas operaciones: exige no sólo el cese de los ataques, sino también procedimientos de investigación que permitan esclarecer el número de víctimas, la identidad de las personas afectadas y si los protocolos empleados por Estados Unidos respetaron las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza.