Varios de los principales medios de Estados Unidos —entre ellos The New York Times, The Washington Post, The Associated Press, Reuters, The Atlantic y Newsmax— anunciaron que no firmarán el nuevo documento del Departamento de Defensa que obliga a los reporteros a aceptar por escrito reglas de acceso y comportamiento en las instalaciones del Pentágono. Las organizaciones sostienen que la política podría castigar prácticas periodísticas protegidas por la Primera Enmienda.

El plazo fijado por la cartera de Defensa exige que los periodistas reconozcan la política por escrito antes de la fecha límite; de no hacerlo, el Pentágono indicó que deberán entregar sus tarjetas de acceso y desalojar sus espacios de trabajo al día siguiente. Esa exigencia elevó la tensión entre la prensa y la administración, y varios medios consideran que firmar equivale a aceptar restricciones vagas que podrían coartar la cobertura independiente.

Entre las disposiciones más contestadas figura la limitación del acceso sin escolta a amplias áreas del edificio y la facultad que se atribuye al secretario de Defensa para revocar el acceso de reporteros que soliciten a personal del Departamento información —clasificada o no— cuya divulgación no haya sido aprobada por escrito por la propia institución. Para los periodistas, esos puntos suponen una orden preventiva que transforma la labor informativa en una actividad sujeta a autorización previa.

La reacción pública del secretario de Defensa, Pete Hegseth, alimentó la polémica: desde su cuenta en X respondió con un emoji que fue interpretado como desdén por las críticas y su equipo defendió la política como una medida de “sentido común” para la seguridad de las tropas. En contraste, la Asociación de Prensa del Pentágono y líderes de medios calificaron la iniciativa como intimidatoria y potencialmente inconstitucional; anticipan desafíos legales y una revisión por parte de organizaciones que defienden la libertad de prensa.

Algunas organizaciones, sorprendidas por la amplitud de la reacción, señalaron que la norma no pide “acuerdo” sobre su contenido sino un reconocimiento de entendimiento; los medios replicaron que esa distinción es insuficiente frente a cláusulas que, en la práctica, podrían penalizar la búsqueda y difusión de información no aprobada por las autoridades militares. La disputa se enmarca además en un contexto de tensión más amplio entre la Casa Blanca y la prensa, con episodios previos de restricciones y demandas que han resquebrajado la relación entre gobierno y medios en los últimos años.

¿Qué puede pasar ahora?

Las próximas horas y días definirán si el Pentágono mantiene la postura y procede a retirar accesos o si abre una mesa de diálogo con la prensa. Analistas legales y asociaciones periodísticas ya han advertido sobre posibles recursos judiciales si la política llega a aplicarse de manera que restrinja libertades constitucionales. Mientras tanto, las redacciones afectadas evalúan alternativas para continuar su cobertura sin someterse a lo que consideran una renuncia previa a garantías básicas del oficio.