El presidente Nicolás Maduro ordenó una nueva jornada de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana para el viernes 29 y el sábado 30 de agosto, según un mensaje de audio difundido en su canal de Telegram en el que explicó que la medida busca “completar” el registro iniciado el fin de semana anterior.

El anuncio llega después de una primera convocatoria que, según varios reportes, tuvo escasa respuesta ciudadana: medios y activistas documentaron plazas y centros de inscripción con poca o nula afluencia en distintos estados, lo que contradijo la versión oficial sobre una “presencia masiva” en los puntos de alistamiento. Organizaciones y plataformas opositoras como Vente Barinas y Comando Con Venezuela difundieron imágenes y testimonios que apuntan a la baja participación.

El Gobierno ha enmarcado el alistamiento dentro del denominado “Plan Nacional de Soberanía y Paz” y lo presenta como una respuesta a lo que califica amenazas externas. En su comunicación, Maduro atribuyó la convocatoria a la necesidad de “responder” ante el despliegue de buques y fuerzas estadounidenses en el Caribe, movimiento que Washington ha descrito como parte de operativos antinarcóticos regionales. Ese despliegue —anunciado por el Pentágono a mediados de agosto— es esgrimido por el chavismo como pretexto para fortalecer la defensa nacional.

La respuesta política interna fue inmediata: la opositora María Corina Machado llamó públicamente a la desobedienciade la convocatoria y difundió mensajes en X exhortando a los ciudadanos a no acudir a la jornada, al tiempo que vinculó la escasa participación con un rechazo social al proceso. Voces opositoras sostienen que la movilización busca legitimar una militarización civil en medio de una profunda crisis política y social.

Por su parte, medios estatales y canales del chavismo trataron de mostrar centros con filas y testimonios favorables, una dinámica ya observada en convocatorias previas: imágenes oficiales que contraponen la realidad reportada por periodistas independientes y observadores ciudadanos. Ese contraste de narrativas alimenta el debate sobre la real magnitud del apoyo popular y la transparencia del proceso de registro.

El telón de fondo de esta movilización son problemas estructurales que atraviesa Venezuela: desde 2014 más de 7 millones de venezolanos han salido del país, según conteos de agencias y plataformas humanitarias regionales, un éxodo que refleja la severa crisis económica y social que afecta a la población. Además, después de las elecciones de julio de 2024 —cuya credibilidad fue cuestionada por observadores internacionales y organismos regionales— se ha documentado un incremento de la represión política y detenciones de opositores, según informes de organizaciones como Foro Penal y Human Rights Watch. Ese contexto explica el escepticismo y la desconfianza de amplios sectores ante llamados masivos de movilización.

Críticos advierten que la insistencia en alistamientos masivos sin garantías legales, transparencia ni garantías de voluntariedad puede profundizar tensiones internas y aumentar la percepción de uso político de las fuerzas civiles armadas. Enfrentar la narrativa oficial y la delicada situación internacional —con presencia militar estadounidense en la región y acusaciones mutuas entre Washington y Caracas— complica aún más el escenario y obliga a actores nacionales a posicionarse entre la convocatoria gubernamental y la apelación a la no colaboración.

Con la nueva jornada programada para el 29 y 30 de agosto, queda por ver si el Gobierno logra una afluencia significativa o si las plazas vacías se repetirán, lo que sería interpretado por la oposición como un rechazo visible a la estrategia del Ejecutivo. Mientras tanto, organizaciones civiles, fórums de derechos humanos y medios independientes continuarán documentando la operación y cualquier caso de coacción o irregularidad que pudiera surgir en el marco del proceso.