Siete días después del operativo que dejó 121 fallecidos en las favelas de Río de Janeiro, el presidente Lula da Silva calificó lo ocurrido de “matanza” y reclamó que se esclarezcan las circunstancias del operativo, cuya orden judicial original contemplaba detenciones y no una acción con esa magnitud de muertes. Lula asimismo pidió que la Policía Federal participe en las investigaciones y autorizó la creación de una comisión de cooperación entre los gobiernos federal y estatal.

La operación, dirigida contra el grupo Comando Vermelho, se desarrolló en áreas como los complejos del Alemão y Penha y culminó en lo que las autoridades describen como una emboscada en la Sierra de la Misericordia. Según comunicados oficiales, entre los muertos figuran presuntos integrantes del crimen organizado y cuatro policías que fallecieron durante los enfrentamientos; fuentes oficiales han señalado que muchos de los cuerpos identificados tenían antecedentes por delitos graves.

La reacción del presidente contrasta con la del gobernador de Río, Cláudio Castro, quien celebró la operación como un golpe al crimen y la calificó de “éxito” pese al alto número de víctimas y las críticas públicas. Lula calificó la actuación del Estado como “desastrosa” y advirtió que, aunque el operativo pueda percibirse por algunos como efectivo por la cantidad de muertes, la acción exige un escrutinio riguroso para determinar si se respetaron normas y garantías.

El contexto político y social es tenso: buena parte de la ciudadanía de Río mostró apoyo inicial a las acciones contra el crimen, mientras que familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad exigen una investigación transparente y la aclaración del uso de la fuerza. Lula ha enviado ministras a las comunidades afectadas para escuchar a vecinos y familiares y ha anunciado medidas legislativas para acelerar propuestas contra el crimen organizado.

La suma de los hechos —la masiva presencia de fuerzas policiales, el número de víctimas, las diferencias de lectura entre el Ejecutivo federal y el estatal, y la promesa de una pesquisa con participación federal— coloca al caso en el centro del debate nacional justo antes de la COP30, que se celebrará en la ciudad de Belém, donde Lula se encuentra y donde recibirá a líderes internacionales en los próximos días. Las investigaciones oficiales abiertas por instancias federales y estatales serán determinantes para establecer responsabilidades y eventuales rutas de reforma en las políticas de seguridad pública.