Desde hace más de un mes, miles de indocumentados en Los Ángeles viven enclaustrados por temor a ser detenidos durante las redadas masivas de agentes de inmigración. Historias como la de “Alberto”, un salvadoreño de 60 años, ejemplifican la angustia de quienes, sin visa, han preferido quedarse confinado en un cuarto alquilado y alimentarse gracias a organizaciones que llevan víveres dos veces por semana, antes que arriesgarse a salir a la calle.

Los arrestos, que en junio superaron los 2,200 en el área metropolitana —más de 1,300 sin antecedentes penales— ocurrieron en sitios de trabajo habituales para la población latina: autolavados, ferreterías y fincas agrícolas. Videos en redes sociales documentaron a agentes armados detenidos enmascarados, lo que desató protestas, episodios de vandalismo y una caída del 13,5 % en el uso del transporte público durante ese mes, según datos de ONG locales.

Con el respaldo de centenares de marines y efectivos de la Guardia Nacional, la administración Trump justifica la ofensiva en la “lucha contra el fentanilo” y la “seguridad fronteriza”, pero activistas como Norma Fajardo, de la ONG CLEAN, denuncian un clima de terror que convierte vecindarios en “pueblos fantasma”. Los operativos continuarán tras el reciente aumento de fondos para el ICE —con 30,000 millones de dólares y 10,000 nuevos agentes— ante lo cual las redes de apoyo alimentario y legal se reorganizan para brindar asistencia a familias enteras.

La “nueva normalidad” de redadas ha llevado a migrantes como Marisol, hondureña de 62 años, a cerrar puertas y ventanas, prohibir a sus nietos salir y suplicar el regreso seguro de sus hijas tras cada jornada laboral. Con miedos compartidos y la pregunta de si continúa valiendo la pena permanecer en Estados Unidos, estas comunidades afrontan una realidad en la que ganarse el sustento diario implica el riesgo de perderlo todo en una sola detención.