El gabinete de seguridad de Israel aprobó esta madrugada, tras más de diez horas de debate, el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asuman progresivamente el control militar de toda la Franja de Gaza, a pesar de las fuertes objeciones del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien advirtió que la operación podría debilitar a las fuerzas armadas y poner en peligro a los rehenes aún retenidos por Hamás.

Horas antes, el premier había asegurado que su objetivo no es anexar Gaza ni restituir el poder de Hamás o la Autoridad Palestina, sino instaurar un perímetro de seguridad y, una vez concluidas las tareas militares, delegar la administración a un gobierno civil de transición conformado por fuerzas árabes —sin precisar su composición—.

Desde Gaza, Hamás respondió que la medida persigue “sacrificar” a los rehenes para servir a intereses políticos y advirtió que cualquier avance supondrá “un precio alto y costoso para la ocupación”.

El plan aprobado contempla una ofensiva por fases. Primero se enfocará en la Ciudad de Gaza, con operaciones de desalojo y control territorial; luego, continuará en otros ejes estratégicos para desmantelar la infraestructura subterránea de Hamás, replicando el modelo de Rafah pero a mayor escala.

En Tel Aviv y Jerusalén, cientos de manifestantes —entre ellos familiares de exrehenes— protestaron contra la decisión, argumentando que Israel está perdiendo su “brújula moral” y que la escalada no garantiza el regreso de los cautivos ni la seguridad de la población civil.

Mientras tanto, el coste humanitario sigue creciendo. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el número de personas fallecidas por los ataques israelíes ascendió a 61,258, y la Organización Mundial de la Salud alerta de que casi 12,000 menores de cinco años sufren desnutrición aguda en condiciones de vida cada vez más precarias.