Las autoridades brasileñas anunciaron este martes investigaciones contra, al menos, treinta establecimientos comerciales vinculados a la reciente ola de intoxicaciones por metanol en bebidas alcohólicas, una emergencia sanitaria que hasta ahora ha dejado registros de muertes y centenares de casos en análisis. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó además la conformación de un comité informal —con participación del sector público y privado— para coordinar información y acciones frente a la crisis.

Según datos compartidos por autoridades sanitarias y del Ejecutivo, hasta la fecha se contabilizan 16 casos confirmados de intoxicación por metanol y 209 sospechosos en investigación por análisis de laboratorio. Otros reportes oficiales mencionaron la existencia de al menos dos muertes asociadas al brote y docenas de casos bajo sospecha. Las autoridades señalaron que aproximadamente el 85% de los incidentes se concentran en el estado de São Paulo.

En rueda de prensa, Lewandowski dijo que “ninguna hipótesis está descartada” en relación con el origen del metanol hallado en destilados, y explicó que las pesquisas buscan determinar si la presencia de metanol deriva de procesos irregulares en la destilación —por ejemplo, en la elaboración de cachaça a partir de caña de azúcar— o de una contaminación de origen fósil, en cuyo caso no se descarta la participación del crimen organizado.

La Secretaría Nacional del Consumidor notificó formalmente a treinta comercios por la posible venta o suministro de bebidas adulteradas; algunos locales ya fueron cerrados como medida preventiva. Paralelamente, las autoridades solicitaron información a 25 asociaciones, distribuidores y otros actores del sector para trazar la cadena de comercialización y detectar posibles puntos de adulteración o intercambio de lotes contaminados.

La respuesta estatal incluye además operativos policiales y sanitarios: se han realizado allanamientos y clausuras en fábricas clandestinas de bebidas alcohólicas y se han abierto indagatorias en distintas esferas del poder para identificar responsabilidades administrativas y penales. No obstante, las fuerzas de seguridad y salud señalaron que todavía no es posible afirmar que los locales intervenidos sean la fuente única del brote.

Frente a la magnitud del fenómeno —calificado por autoridades como “inusitado” para Brasil— el comité informal creado pretende acelerar la coordinación entre gobierno y sector privado, intercambiar buenas prácticas y acelerar la trazabilidad de productos. Las acciones buscan, además, proteger a consumidores y normalizar la vigilancia en la cadena de producción y comercialización de destilados.

Mientras prosiguen las investigaciones, los organismos sanitarios y de consumo han recomendado extremar precauciones: revisar lotes, reportar sospechas a las autoridades y evitar el consumo de bebidas de procedencia desconocida. Las pesquisas buscarán esclarecer tanto la causa técnica (fallas en procesos de destilación) como posibles vínculos con redes criminales que podrían estar adulterando productos para ampliar ganancias.