La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de Guatemala, dictó este 12 de agosto sentencias de entre seis y 25 años de prisión contra seis funcionarios vinculados al incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrido el 8 de marzo de 2017 y que provocó la muerte de 41 niñas y lesiones graves a otras 15. El fallo puso fin a un proceso que incluyó más de 120 audiencias y que se extendió por más de año y medio.

Las penas impuestas resultan claramente inferiores a las solicitadas por el Ministerio Público (MP), que en algunos casos pidió condenas de hasta 131 años. Además, la jueza ordenó al MP abrir una investigación contra el expresidente Jimmy Morales por su posible responsabilidad en los hechos, según lo anunciado en la audiencia.

Durante la sesión final, las seis personas acusadas pronunciaron su última palabra y se declararon inocentes. Entre ellas hubo reclamos contra la labor del Ministerio Público; la ex defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Gloria Castro, pidió que se investigue a fiscales por supuesta parcialidad. También intervino Lucinda Marroquín, quien negó haber actuado con dolo y aseguró que su participación fue de apoyo.

Los hechos que dieron origen al proceso se remontan a una revuelta de 56 niñas el 7 de marzo de 2017, cuando intentaron escapar de un internado que, según denuncias previas, estaba marcado por violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y deficiente alimentación. Tras ser recapturadas, las menores permanecieron 11 horas a la intemperie y bajo custodia policial; fueron golpeadas y sometidas a gas pimienta en algunos relatos de la investigación. Durante la madrugada del 8 de marzo fueron encerradas en un aula con 22 colchonetas en un espacio reducido; más tarde una interna prendió fuego a una colchoneta y el siniestro se propagó.

Según la investigación del MP y el peritaje de incendios, las niñas estuvieron expuestas durante nueve minutos a temperaturas superiores a los 300 grados Celsius y a una concentración de oxígeno por debajo del 21%, condiciones que explican la gravedad de las quemaduras y la asfixia.

Inicialmente 19 niñas fallecieron por asfixia en el lugar y, en los días siguientes, 22 más murieron en hospitales; otras 15 sufrieron heridas graves, incluidas amputaciones; nueve fueron trasladadas a Estados Unidos para tratamiento médico avanzado y, a la fecha del juicio, dos permanecían fuera del país en proceso de recuperación.

El tribunal dejó abierta la causa contra cuatro personas más, cuyas audiencias de etapa intermedia están programadas para octubre. Se trata de la exjueza de Paz de San José Pinula Rocío Murillo (imputada por maltrato a menores, incumplimiento de deberes, prevaricación, falsedad ideológica y retardo de justicia); el secretario del Juzgado de Paz Romeo Rolando Miranda (falsedad ideológica); Ofelia María Pérez Campos, coordinadora del área Mi Hogar en el Departamento de Protección Especial contra el Maltrato (imputada por homicidio culposo, maltrato a menores, incumplimiento de deberes y lesiones culposas); y la monitora identificada como Cruzy Flor de María López (acusada por maltrato contra menores).

La resolución del Tribunal Séptimo reaviva demandas de justicia y de reformas en los mecanismos de protección a la niñez en Guatemala. Familiares de las víctimas, organizaciones civiles y observadores del caso han seguido de cerca el juicio y subrayado la necesidad de medidas para evitar que se repitan situaciones de desprotección institucional como las que desembocaron en la tragedia de 2017. Las autoridades judiciales informaron que continuarán las diligencias pendientes y que comunicarán los avances de las investigaciones complementarias.