El 14 de octubre de 2025, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, fue destituido luego de una escalada de protestas juveniles que exigían soluciones a constantes cortes de electricidad y agua, desempleo y altos niveles de pobreza. Legisladores votaron a favor de su remoción y, ante el avance de la crisis, Rajoelina abandonó el país por temor a su seguridad.

La intervención estuvo encabezada por la unidad de élite CAPSAT. Su comandante, el coronel Michael Randrianirina, declaró que las fuerzas armadas asumían el control, anunciaron la suspensión de la Constitución y señalaron la formación de un consejo integrado por oficiales del ejército y la policía. Randrianirina dijo también que se nombraría a un primer ministro para conformar “rápidamente” un gobierno civil y que se convocaría un referéndum en dos años, aunque ofreció pocos detalles sobre el calendario exacto.

El golpe culmina semanas de movilizaciones detonadas por jóvenes —identificados como parte del movimiento “Gen Z” en varios reportes— que comenzaron a finales de septiembre y que, con el tiempo, incorporaron reclamos más amplios contra la corrupción, la falta de servicios básicos y las pocas oportunidades para la población. La decisión de partes de las fuerzas de seguridad de no reprimir a los manifestantes fue clave para el desenlace político.

Madagascar enfrenta desafíos estructurales profundos: con una población estimada en torno a 30 millones de habitantes y altos niveles de pobreza, el país tiene una de las tasas de pobreza monetaria más elevadas del mundo —cifras recientes del Banco Mundial sitúan la pobreza en torno al 75% según mediciones de años recientes—, un contexto que ayuda a explicar el descontento social.

La oficina presidencial calificó la acción militar como una “declaración ilegal” y defendió la continuidad del Estado, mientras que sectores civiles, grupos cívicos y los propios manifestantes reaccionaron con una mezcla de celebración y cautela. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos han pedido contención, transparencia y que cualquier autoridad transitoria respete los derechos civiles y establezca un calendario claro para la restauración del poder civil.

A partir de este punto, los desafíos inmediatos son múltiples: estabilizar la seguridad, garantizar la protección de la población y restaurar servicios básicos; además, la comunidad internacional vigilará los pasos del nuevo poder militar y exigirá garantías sobre un proceso que conduzca a elecciones y a la recuperación del orden constitucional. Madagascar entra ahora en un periodo de transición cuyo desenlace marcará el futuro político y socioeconómico de la isla.