El Gobierno argentino solicitó a la Justicia que autorice el allanamiento del medio digital Carnaval y de los domicilios de dos periodistas vinculados a la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La petición fue presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la circulación de grabaciones que, según el Ejecutivo, habrían sido obtenidas de manera ilegal dentro de la Casa Rosada.

La acción judicial derivó en una medida cautelar que prohíbe la difusión —de forma preventiva— de audios grabados en la sede del Ejecutivo, mientras avanza la investigación sobre el origen y la veracidad del material. Medios internacionales señalan que un juzgado federal emitió órdenes para contener la difusión a la espera de peritajes y de la instrucción penal correspondiente.

Entre los señalados por la denuncia figuran los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y el canal de streaming donde se publicaron originalmente algunas grabaciones. El Gobierno alega que la filtración forma parte de una “operación de inteligencia no institucional” dirigida contra una figura clave del Gabinete, y solicitó además medidas para impedir la difusión de otras posibles grabaciones. Los comunicados oficiales que acompañaron la denuncia sostienen que la investigación busca proteger la seguridad institucional y la confidencialidad de actos ocurridos en la Casa de Gobierno.

El episodio se inscribe en un clima político ya tenso: la divulgación de estos audios se produce después de otra filtración que involucra a un funcionario vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas grabaciones de fines de agosto motivaron una investigación judicial por supuestos sobornos en la compra de medicamentos y mencionaron a Karina Milei entre posibles beneficiarios. Ese antecedente explica, en parte, la sensibilidad del Ejecutivo frente a nuevas filtraciones y la decisión de recurrir con rapidez a la vía penal y civil.

La reacción de los gremios y sectores periodísticos fue inmediata y crítica. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y otras organizaciones calificaron la solicitud de allanamientos como una forma de criminalizar la labor periodística y advirtieron que acciones de ese tipo vulneran la protección de la fuente y el derecho a la información. El medio implicado también denunció “censura” y anunció que no renunciará a su trabajo informativo.

Qué sigue: procedimiento judicial y verificacionesFuentes judiciales señalan que, tras la denuncia, el expediente continuará su trámite en el fuero federal: se prevén actuaciones penales (por presunto espionaje o grabaciones ilegales) y medidas civiles para limitar la difusión del material que, según la orden, habría sido obtenido en la Casa de Gobierno. La investigación debe aclarar la autenticidad de los audios, el lugar real de las grabaciones y la eventual responsabilidad de quienes las divulgaron. Mientras tanto, medios y organizaciones de prensa piden garantías para la preservación de las fuentes y el respeto a la libertad de expresión durante el proceso.

El caso tendrá además un impacto político inmediato, en un contexto en el que el Gobierno afronta cuestionamientos por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos a través de una agencia estatal y en días previos a votaciones relevantes en provincias clave. El desarrollo de la investigación y las decisiones judiciales marcarán si el conflicto se encauza por la vía penal, si se ralentiza la difusión de nuevos materiales o si el debate público se mantiene centrado en las posibles implicancias políticas de las grabaciones.