Colombia enfrenta conmoción tras dos ataques coordinados ocurridos este jueves: un atentado con explosivos contra una instalación militar en Cali y el derribo de un helicóptero policial en Amalfi, en el departamento de Antioquia. El saldo preliminar suma al menos 18 muertos y 65 heridos, según reportes oficiales y fuentes locales.

En Cali, la Policía informó que un camión con cilindros bomba explotó en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la ciudad. El estallido, ocurrido cerca de las 15:00 hora local, dejó seis civiles muertos, múltiples heridos y daños en viviendas cercanas. Testigos describieron escenas de pánico, vehículos en llamas y evacuaciones masivas. En la misma zona se detectó una furgoneta con cilindros que finalmente fue descartada como cargada. El alcalde Alejandro Eder declaró estado de emergencia, ordenó la restricción temporal del ingreso de camiones de gran tamaño y ofreció una recompensa de US$10,000 por información que ayude a esclarecer el hecho.

Horas antes, en Amalfi (nordeste de Antioquia), un helicóptero policial que participaba en labores de erradicación terrestre de cultivos ilícitos fue derribado mediante un ataque con drones, según autoridades. El hecho costó la vida a 12 agentes y dejó varios heridos. Voces oficiales calificaron el episodio como una acción terrorista dirigida contra personal que apoyaba labores de control sobre cultivos ilícitos.

Si bien ningún grupo armado se ha atribuido formalmente los atentados, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a disidencias de las FARC: por los hechos en Cali señaló a la columna Carlos Patiño y por el derribo en Antioquia al Estado Mayor Central (EMC) —facciones que rechazaron el acuerdo de paz de 2016—. Petro vinculó además a estructuras como la Segunda Marquetalia y al Clan del Golfo en la escalada de violencia y anunció planes para declararlas “organizaciones terroristas”.

El mandatario vinculó los ataques con operaciones recientes contra grupos armados: en particular citó la incautación, el martes 19 de agosto, de municiones y explosivos en el Cañón del Micay, en Cauca, y calificó los hechos del jueves como una reacción violenta de esas estructuras. En Cali, ciudadanos detuvieron a un hombre identificado por las autoridades como alias “Sebastián”, presunto integrante de una estructura del EMC bajo el mando de Iván Jacob Idrobo, alias Marlon, según informó el presidente.

Ante la emergencia, el gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y ordenó aumentar la presencia militar en las zonas afectadas. Se anunciaron medidas para reforzar la seguridad y la atención a las víctimas, mientras que las autoridades judiciales y policiales iniciaron operativos para localizar a los responsables y recabar evidencias en ambas escenas.

El contexto político y social se tensa: los opositores del Ejecutivo han responsabilizado a la postura conciliadora del presidente Petro frente a ciertos grupos armados por el repunte de violencia; analistas y autoridades, en contraste, advierten sobre la mayor capacidad operativa y coordinación que han recuperado disidencias, paramilitares y organizaciones criminales en regiones con alta presencia de cultivos ilícitos.

Qué sigue

Las autoridades continuarán las investigaciones, la identificación de responsables y la búsqueda de posibles cómplices. En lo inmediato, el país afronta la urgencia humanitaria de atender a heridos y estabilizar las zonas afectadas; en el plano político y de seguridad, se esperan anuncios adicionales sobre designaciones legales contra grupos armados y aumentos en operaciones militares y policiales para contener la escalada.