El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una modificación en sus criterios de evaluación: quienes pidan visas, residencia o permisos para trabajar en el país podrán ser revisados en busca de posturas catalogadas como “antiestadounidenses”, una categoría que ahora incluye indagaciones en redes sociales y actividad pública. La medida forma parte de un endurecimiento más amplio de las políticas migratorias que ha generado inquietud entre defensores de inmigración y especialistas legales.

La nueva política amplía la revisión previa de perfiles en internet —práctica que ya se había introducido meses atrás— para buscar indicios de participación en organizaciones “contra EE. UU.”, supuestos vínculos con grupos terroristas o conducta antisemita. USCIS no incluyó una definición exhaustiva del término “antiestadounidense”, pero citó apartados de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) como referencia para ideologías y actos que podrían ser considerados incompatibles con la naturalización o la concesión de beneficios migratorios.

Funcionarios de Washington han defendido la iniciativa como un mecanismo para impedir que personas que promueven violencia o grupos extremistas obtengan estatus migratorio. Entretanto, organismos y abogados han alertado que la falta de criterios claros deja margen para interpretaciones amplias, sesgos o decisiones discrecionales que podrían afectar a solicitantes con opiniones políticas o críticas legítimas.

Las reacciones se multiplicaron en redes y foros: varios observadores señalaron la ambigüedad de la medida y se preguntaron si expresiones políticas —por ejemplo, críticas a decisiones del gobierno, posiciones públicas sobre conflictos internacionales o mensajes satíricos— podrían ser leídas como “hostiles” y, por tanto, motivo de denegación o revocación de visas. En el mismo paquete de restricciones, el Departamento de Estado ha informado revocaciones masivas de visas estudiantiles durante el año, una dinámica que, según autoridades, busca reforzar controles de seguridad.

Expertos en inmigración han comparado la medida con prácticas históricas de persecución política y advirtieron sobre el riesgo de que estereotipos y prejuicios influyan en evaluaciones individualizadas. Abogados y académicos han reclamado claridad en los términos y salvaguardas procesales para evitar decisiones arbitrarias que vulneren derechos civiles y la libertad de expresión.

Las autoridades resaltan que los controles se aplican con el fin de proteger la seguridad nacional y que las determinaciones obedecen a la legislación vigente. No obstante, la norma dependerá de su implementación en consulados, oficinas de USCIS y tribunales; por eso organizaciones civiles y despachos jurídicos han anticipado impugnaciones y peticiones de mayor transparencia en los criterios de evaluación.

Mientras tanto, solicitantes, estudiantes internacionales y comunidades migrantes observan con preocupación los efectos prácticos: menos admisiones, incertidumbre sobre criterios de elegibilidad y la necesidad de asesoría legal para enfrentar procedimientos más restrictivos. La discusión pública sobre el alcance y las garantías de la medida parece recién comenzada y es probable que evolucione conforme se establezcan protocolos y surjan casos concretos.