Con el reciente cierre de varias modalidades de protección migratoria, decenas de empleados de origen latino en Estados Unidos han sido despedidos, entre ellos personal de los centros de distribución de Amazon. La historia de Daphnee Poteau, una haitiana llegada en 2023 a Indianápolis, ejemplifica el drama que viven quienes perdieron su parole humanitario: su autorización fue revocada en junio y su contrato terminó el 28 de ese mes, dejándola con la urgencia de tramitar una visa de cónyuge para eludir la deportación.

La cancelación de programas de inmigración humanitaria —que amparaba a haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos— ha puesto en riesgo a cientos de trabajadores, algunos de los cuales participaban en reuniones matutinas traducidas al criollo haitiano. Amazon, previo al Prime Day, solicitó a sus empleados la renovación de permisos laborales; quienes no pudieron regularizarse fueron primero suspendidos sin goce de sueldo y después despedidos. Aunque la compañía no ha precisado el número total de afectados, aseguró ofrecer servicios legales y apoyo psicológico a los extrabajadores.

Estas medidas coinciden con la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países y la pérdida de otras formas de amparo, a pesar de que un fallo judicial reciente impidió la desaparición del TPS para haitianos—decisión que el gobierno planea apelar. Walmart y Disney también se han visto obligadas a rescindir contratos de inmigrantes que quedaron fuera de los esquemas legales.

Fuera del ámbito corporativo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió que la revisión de condiciones en Haití avala el retorno seguro de sus nacionales, pese a que organismos internacionales mantienen que la crisis humanitaria en ese país persiste. Mientras tanto, ex empleados como Christopher Lubin y otros compañeros relatan el temor de enfrentar violencia y precariedad en su tierra natal, y subrayan que, lejos de ser una carga, contribuyen al dinamismo económico de EE. UU.