El presidente Donald Trump ha reiterado su intención de enviar tropas y aumentar la presencia federal en varias ciudades del país —entre ellas Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston— como parte de una estrategia que, según la Casa Blanca, busca frenar la delincuencia y los flujos migratorios. La posibilidad de desplegar desde agentes de ICE hasta reservistas de la Guardia Nacional ha encendido las alarmas entre autoridades locales y líderes demócratas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración planea reforzar los recursos de ICE en Illinois y otras entidades, aunque dijo que la decisión sobre el uso de tropas —como reservistas de la Guardia Nacional— depende del presidente. Sus declaraciones se dieron en el espacio dominical Face the Nation, donde también se discutió el alcance y la coordinación de esas operaciones.

Ante la posibilidad de un operativo federal masivo, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, calificó la iniciativa de “invasión” si las fuerzas se desplegaran sin coordinación ni autorización estatal. Pritzker afirmó que la presencia de tropas en territorio local sin un fundamento constitucional claro sería inaceptable y anunció que recurriría a recursos legales para frenar cualquier medida que considere extralimitada.

En la ciudad de Chicago la reacción fue inmediata: el alcalde Brandon Johnson firmó un decreto para limitar la cooperación local con posibles tropas o agentes federales y lanzó acciones destinadas a proteger las atribuciones de las autoridades municipales. Organizaciones civiles y colectivos de la ciudad convocaron a movilizaciones y a crear canales de información para los vecinos ante la eventual llegada de personal federal.

Quienes apoyan la decisión presidencial sostienen que el despliegue busca reforzar la seguridad en zonas con altos índices de violencia y detener redes de tráfico de personas. Sin embargo, críticos —entre ellos gobernadores de otros estados y organizaciones por los derechos civiles— sostienen que el uso de fuerzas federales en las calles corre el riesgo de politizar la seguridad pública y erosionar las garantías civiles, además de que su eficacia para resolver problemas estructurales como la violencia y la impunidad es cuestionada.

Medios y agencias informativas han reportado que la administración ya ha empleado patrullajes federales en ciudades como Washington y Los Ángeles en semanas recientes, lo que sirve como antecedente para el plan anunciado hacia otros centros urbanos. Mientras tanto, autoridades estatales y municipales insisten en que cualquier llegada de tropas debe acompañarse de comunicación previa, acuerdos operativos y supervisión judicial para evitar abusos.

El choque entre la administración federal y gobiernos locales abre una vía probable de enfrentamientos legales y políticos. Determinar si un despliegue es constitucional depende de factores jurídicos concretos —entre ellos si existe una insurrección, una emergencia declarada o peticiones formales de los ejecutivos estatales—, cuestiones que seguramente serán dirimidas en tribunales si se concretan los anuncios presidenciales. En el terreno político, la medida también alimenta el debate sobre la separación de poderes y el papel de las fuerzas armadas y federales en asuntos de orden público interno.

En síntesis: la propuesta de enviar tropas y ampliar operativos federales en ciudades como Chicago ha provocado el rechazo frontal de gobernadores y alcaldes demócratas, quienes hablan de una “invasión” y prometen acciones legales y administrativas para proteger la autonomía local; por su parte, la administración sostiene que la intervención busca combatir la delincuencia y la inmigración irregular, y continuará anunciando medidas operativas.