El Ministerio de Educación de El Salvador emitió un memorándum de carácter obligatorio que ordena a directores y docentes supervisar la entrada de estudiantes con un control diario sobre la presentación personal: uniforme limpio y ordenado, corte de cabello considerado “adecuado”, presentación correcta y un saludo respetuoso al ingresar al centro escolar. El documento fue firmado por la nueva titular Karla Edith Trigueros, nombrada ministra a mediados de agosto por el presidente Nayib Bukele.

La implementación de las medidas comenzó el 20 de agosto y contempla que los directores se sitúen en los accesos para verificar el cumplimiento de las normas y servir de ejemplo de “orden y disciplina” para la comunidad educativa. Fuentes periodísticas señalan que la instrucción alcanza a los más de 5,100 planteles públicos del país y busca restablecer “civismo” en las rutinas escolares, según el argumentario oficial.

Autoridades y respaldo oficial

La Presidencia difundió que la ministra Trigueros recorrió centros educativos para supervisar la puesta en marcha de las disposiciones y que esta política forma parte de una línea para “construir el nuevo El Salvador”, en sintonía con el respaldo manifestado por el Ejecutivo. La propia Trigueros, con formación militar y académica en medicina, ha sido presentada por el Gobierno como una figura idónea para promover disciplina y orden en las escuelas.

Reacciones en las aulas y entre autoridades locales

En instituciones como el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen), directivos reportaron controles más estrictos desde la entrada del memorándum: personal docente y coordinadores supervisaron cortes de cabello y uso correcto del uniforme, y llamaron la atención a estudiantes que no cumplían los requisitos. La directora del plantel calificó las disposiciones como “medidas disciplinarias permanentes” y solicitó la colaboración de las familias para presentar a los alumnos ordenados.

Críticas y preocupaciones

Sin embargo, el anuncio también generó rechazo entre grupos magisteriales y sectores que alertan sobre la “militarización” de la escuela pública y posibles efectos sobre derechos y condiciones laborales. Organizaciones de docentes han manifestado que la medida puede agravar la precariedad educativa y señalaron que la llegada de una militar al cargo —y sus instrucciones— constituye un cambio de rumbo preocupante para la comunidad educativa.

Alcance práctico y supervisión

El memorándum establece sanciones administrativas para quienes lleguen fuera de las normas y encomienda a los directores la responsabilidad de aplicar las medidas y registrar incumplimientos. Los reportes señalan también desplazamientos de la ministra por varios centros para constatar la aplicación de las reglas y la instrucción a autoridades escolares de replicar el esquema en todo el país.

Qué implica para estudiantes y familias

En la práctica, las escuelas han reforzado las revisiones matutinas y piden a madres, padres o tutores que lleven a los alumnos con uniforme limpio y presentación adecuada. Las autoridades públicas defienden la medida como un componente de la formación cívica y de disciplina; los críticos piden garantías sobre el trato a estudiantes y exigen protocolos claros para evitar sanciones arbitrarias.

Las próximas semanas serán clave para observar cómo se aplica la instrucción en el terreno: si su implementación se mantiene en los accesos de los planteles, si hay modificaciones por lineamientos posteriores y cómo evolucionan el diálogo y la tensión entre el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, los docentes y las familias.