El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las grandes organizaciones de narcotráfico deben ser combatidas con la misma estrategia que se aplicó contra Al-Qaeda, y prometió que Estados Unidos “los encontrará, trazará sus redes, los cazará y los matará”. Sus declaraciones llegaron en el contexto de una campaña de ataques militares contra embarcaciones que Washington vincula al tráfico de drogas en aguas internacionales.

Hegseth defendió que la amenaza que representan los cárteles es comparable a la que supusieron grupos terroristas como Al-Qaeda y dijo que la administración actuaría con “fuerza militar” en áreas marítimas del Caribe y el Pacífico para interrumpir envíos de fentanilo y otras sustancias. Washington ha difundido videos y comunicados en los que responsabiliza a las embarcaciones atacadas de transportar cargamentos letales hacia EE. UU.

El presidente Donald Trump respaldó las afirmaciones de Hegseth y sostuvo que buena parte del territorio mexicano “está controlado por el crimen organizado”, en una retórica que acompaña la escalada de operaciones militares anunciadas por el Pentágono. La Casa Blanca y el Departamento de Defensa han argumentado que las acciones buscan proteger vidas en Estados Unidos al interrumpir las cadenas de suministro de drogas ilícitas.

La administración ha ejecutado múltiples ataques a pequeñas embarcaciones desde septiembre, ampliando recientemente el teatro de operaciones a zonas del Pacífico además del Caribe, según informes oficiales. Las autoridades defienden estas acciones como parte de una campaña sostenida contra redes transnacionales que, en su diagnóstico, actúan como “organizaciones terroristas” dentro del hemisferio.

Las declaraciones y la práctica militar han generado críticas y cuestionamientos jurídicos. Gobiernos de la región, expertos en derecho internacional y algunos congresistas en Washington han expresado preocupación por la falta de transparencia sobre la identidad de los objetivos, la proporcionalidad de los ataques y la necesidad de control legislativo para operaciones con fuerza letal en aguas internacionales o en tierra. Analistas advierten del riesgo de escalada diplomática y de impacto en la soberanía y la seguridad regional.

Qué está en juegoEl giro hacia un uso intensivo de recursos militares contra redes de narcotráfico plantea preguntas prácticas y legales: cómo se define un objetivo legítimo, qué evidencias exige la administración para autorizar ataques letales, y en qué medida estas medidas reducen el suministro de sustancias ilícitas frente a los daños colaterales y la posible reacción de grupos armados. Las respuestas de la Casa Blanca y del Pentágono en las próximas semanas serán clave para evaluar el alcance y la duración de esta política.