La Corte Suprema de Brasil decretó este lunes 4 de agosto el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro, tras considerar que violó la prohibición de usar redes sociales impuesta en el marco de su proceso por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. La medida, firmada por el magistrado Alexandre de Moraes, amplía las restricciones ya vigentes —entre ellas, el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir de su residencia por las noches y fines de semana— para incluir la retención de todos sus dispositivos de comunicación.

La orden se produce luego de que aliados del expresidente divulgaran en X (antes Twitter) un mensaje suyo saludando a simpatizantes durante una manifestación bolsonarista, infringiendo directamente la prohibición de mensajes políticos y de instigación contra el Supremo, según el juez Moraes. El vocero de la Corte advirtió que “la Justicia no permitirá que un acusado la considere una tonta, creyendo que permanecerá impune por tener poder político y económico”.

Además de imponer el arresto domiciliario, Moraes ordenó a la Policía Federal allanar la residencia de Bolsonaro para confiscar teléfonos y otros dispositivos que le permitan conectarse a internet. La Policía Federal confirmó haber ejecutado ambas determinaciones en la tarde del lunes, asegurando los aparatos y asegurando el cumplimiento de la medida.

La defensa del expresidente rechazó las acusaciones y anunció que apelará la decisión, al considerar que Bolsonaro no violó ninguna restricción esencial. Sus abogados argumentan que el mensaje leído en las marchas no constituía un acto político prohibido, sino un simple saludo a sus seguidores, y que la prohibición no lo inhabilita de conceder entrevistas ni pronunciarse en eventos públicos autorizados.

Este arresto domiciliario se suma al choque diplomático con Estados Unidos, pues la administración Trump ya había sancionado a miembros del Supremo brasileño y amenazado con aranceles del 50 % a productos brasileños como represalia por el proceso contra Bolsonaro. En respuesta, el presidente Lula da Silva denunció esas medidas como un “chantaje político” que agrava la tensión entre ambos países.