El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro comenzó a cumplir una condena de 27 años de cárcel por su responsabilidad en una trama golpista que buscaba impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La decisión fue confirmada por el Supremo Tribunal Federal (STF), que declaró agotadas las posibilidades de apelación y ordenó su ingreso definitivo a un complejo de la Policía Federal en Brasilia.

La noticia desató de inmediato manifestaciones encontradas en la capital brasileña: simpatizantes del exmandatario se congregaron para exigir su liberación, mientras opositores celebraron lo que consideran un hito en la rendición de cuentas frente a intentos de quebrar el orden democrático. Algunos incluso organizaron pequeños brindis y actos simbólicos frente a las instalaciones policiales.

De la prisión domiciliaria a la celda por “riesgo de fuga”

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, se encontraba desde agosto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el fin de semana pasado fue trasladado a la sede de la Policía Federal luego de que las autoridades detectaran que dañó con un soldador la tobillera electrónica con la que era monitoreado, lo que el STF interpretó como un claro riesgo de fuga.

El exmandatario permanecerá recluido en una habitación pequeña, equipada con frigobar, aire acondicionado y televisión, dentro del complejo policial de Brasilia, donde también tiene acceso a atención médica y a su equipo jurídico.

Su defensa calificó de “sorprendente” el cierre del proceso sin una segunda apelación y anunció que insistirá en recursos adicionales, así como en la solicitud de prisión domiciliaria bajo el argumento de que Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un “peligro de vida” en un entorno carcelario, debido a las secuelas de la puñalada que sufrió en 2018 y a los fármacos que toma por complicaciones abdominales.

Una condena sin precedentes en la historia reciente de Brasil

Es la primera vez que la justicia brasileña dicta una sentencia de esta magnitud contra un expresidente por intentar tomar el poder de forma ilegal. En 1964, un golpe de Estado instauró una dictadura militar que se extendió hasta 1985, pero los responsables nunca enfrentaron procesos penales equivalentes.

Con esta condena, Bolsonaro se convierte en el cuarto exmandatario brasileño encarcelado desde el retorno de la democracia, junto con Lula da Silva y Fernando Collor de Mello, quienes fueron procesados por casos de corrupción en momentos distintos. Lula pasó 580 días preso antes de que su condena fuera anulada por falta de imparcialidad del juez, mientras que Collor obtuvo arresto domiciliario por razones de salud.

El ministro de Defensa, José Múcio, afirmó que con la detención de Bolsonaro “se está cerrando un ciclo en el cual las personas son responsabilizadas y castigadas” y destacó que el país atraviesa un proceso doloroso pero necesario para preservar las instituciones democráticas.

El complot: deslegitimar las elecciones y atentar contra Lula

El STF determinó que la trama golpista tuvo como ejes centrales desprestigiar la validez de las elecciones de 2022, declarar un estado de excepción y bloquear la investidura de Lula. El plan, según la justicia, llegó a contemplar el asesinato del ahora presidente y de otros altos cargos, pero no se concretó por falta de respaldo de la cúpula militar.

Las investigaciones señalan que, tras meses de discursos contra el sistema electoral y una intensa campaña de desinformación, el esquema desembocó en intentos de activar mecanismos de ruptura institucional, con participación de militares de alto rango y exministros cercanos a Bolsonaro.

La corte también tomó en cuenta el episodio en el que simpatizantes del exmandatario irrumpieron en sedes de los tres poderes en Brasilia, como parte de un esfuerzo por desconocer el resultado electoral y presionar a las fuerzas armadas.

Salud, estado anímico y tensiones con Estados Unidos

Bolsonaro, según declaró su hijo Carlos Bolsonaro, se encuentra “devastado psicológicamente” tras el inicio de la condena. Su entorno insiste en que el daño a la tobillera se debió a un episodio de “confusión mental” aparentemente asociado al uso de medicamentos, versión que el STF rechazó por considerarla incompatible con las evidencias del caso.

En el plano internacional, el exmandatario se mantiene como aliado del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha calificado el proceso judicial como una “caza de brujas” y llegó a imponer aranceles punitivos contra Brasil en el punto álgido de la crisis, antes de retirar parte de esas medidas tras una reunión con Lula.

Lula, por su parte, ha subrayado que la detención de su principal adversario político “no tiene nada que ver” con la postura de Washington y forma parte de un proceso interno en el que actúan de manera independiente la Fiscalía, la Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal.

Un país dividido entre justicia, revancha y temor al futuro

La condena de 27 años reaviva las fracturas políticas de Brasil. Para una parte de la sociedad, la sentencia es una señal de que la democracia brasileña es capaz de defenderse frente a proyectos autoritarios. Para sus seguidores, en cambio, Bolsonaro es víctima de persecución política y la prisión solo profundiza la desconfianza hacia el sistema de justicia.

Analistas coinciden en que, más allá del impacto inmediato, la encarcelación del exmandatario obligará a la derecha brasileña a redefinir su liderazgo y a tomar distancia de discursos abiertamente antidemocráticos, al tiempo que pone a prueba la capacidad del país para procesar sus conflictos políticos dentro del marco institucional.