La movilidad en el Estado de México —resultado de décadas de red de transporte fragmentada y carencia de inversión— se ha convertido en un eje prioritario de la actual administración estatal. La Secretaría de Movilidad (SEMOV) plantea que el transporte público no es sólo infraestructura: es una política social capaz de reducir pobreza, recortar tiempos de viaje y devolver dignidad a millones de personas que viven en la periferia metropolitana. En ese marco se inscriben medidas como la gratuidad focalizada, los transbordos gratuitos y la ampliación de sistemas masivos tipo Mexibús, Mexicable y trolebús.

Estas ideas han sido expresadas públicamente por el titular de la SEMOV, Daniel Sibaja, quien ha defendido la gratuidad y la integración tarifaria como instrumentos de equidad. “Estamos convencidos de que una de las mejores políticas sociales es garantizar un transporte público digno, accesible y de calidad. Por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó en un texto de opinión en El Universal sobre el Mexicable y la movilidad como «acto de justicia social».

Gratuidad e integración: medidas con impacto tangible

La política de gratuidad implementada desde el 1 de julio de 2024 —orientada a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y primera infancia— y los transbordos sin costo entre Mexibús y Mexicable han mostrado resultados cuantificables en la afluencia y en ahorro para los hogares. Autoridades estatales han reportado millones de viajes subsidiados y transbordos gratuitos que, según la SEMOV, han significado ahorros acumulados importantes para familias que antes destinaban una proporción considerable de su ingreso al transporte.

Como ejemplo de la narrativa oficial, Sibaja ha señalado que la gratuidad y los transbordos “responden a políticas que priorizan a los sectores más vulnerables y a quienes más utilizan el transporte” y que estos programas buscan «apoyar a quien más lo necesita en el Valle de México», reduciendo barreras económicas y temporales que históricamente han afectado a la periferia.

Movilidad con visión técnica y alianzas internacionales

Además de medidas tarifarias, la SEMOV impulsa la modernización técnica del sistema de transporte. En junio de 2025 la Secretaría firmó un memorándum de entendimiento con el Global Green Growth Institute (GGGI) para acelerar la electrificación de rutas y diseñar proyectos de electromovilidad. En ese acto, Sibaja explicó que la colaboración internacional permitirá “aprovechar el conocimiento existente, guiarnos de las buenas prácticas nacionales e internacionales y propiciar una curva de aprendizaje menor” para transformar el transporte “de manera eficiente, rápida y segura”.

Justicia social como marco conceptual y operativo

La defensa pública de la gratuidad y de la expansión de redes masivas por parte de la SEMOV se inserta en una tesis clara: la movilidad es un derecho humano y una herramienta de justicia social. Esa concepción busca bajar costos directos para las familias —lo que impacta el gasto corriente del hogar— y, simultáneamente, mejorar la integración territorial mediante transbordos y nuevas líneas que acorten tiempos. Sibaja ha vinculado de forma recurrente estos proyectos con el objetivo de “acercar oportunidades” a quienes viven en asentamientos más alejados, reduciendo desventajas por lugar de residencia.

Datos y evidencias que sostienen la política

Diversos reportes y comunicados oficiales mencionan cifras significativas: desde el inicio de la gratuidad se contabilizaron millones de viajes gratuitos y transbordos sin costo, con impactos monetarios en ahorro para los hogares y aumentos en la demanda de rutas masivas. La SEMOV y medios estatales han difundido reportes periódicos que documentan la evolución de usuarios en Mexibús y Mexicable, y el alcance territorial de las intervenciones en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tlalnepantla. Estas cifras son empleadas por la Secretaría para argumentar que la política de movilidad con enfoque social está comenzando a corregir desigualdades históricas.