El Gobierno de Quintana Roo puso en marcha el proceso de revocación definitiva de la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo denominado Legacy, ubicado en Playacar, tras detectar incumplimientos a las condicionantes que acompañaban el permiso. Así lo informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado mediante un video difundido en redes sociales, en el que detalló que las omisiones incluyeron la falta de medidas para proteger a la fauna, lo que derivó en la muerte de tres venados, entre ellos una cría.

De acuerdo con el comunicado del funcionario, el proyecto no cumplió con los programas de mitigación y el plan de reubicación de fauna exigidos en la autorización. Las autoridades han notificado del caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mientras que el procedimiento administrativo para retirar la aprobación ambiental del desarrollo ha iniciado formalmente.

Habitantes de Playacar fase 2 reportaron que, tras el desmonte realizado en el predio —evidenciado en videos difundidos por vecinos—, se observaron ejemplares de venado moviéndose entre las viviendas del condominal, aparentemente desorientados por la pérdida de su hábitat. Según testimonios locales, el desmonte ocurrió hace casi una semana y dejó en el terreno sólo rocas dispersas en lugar del área verde que antes servía de refugio para la fauna silvestre.

Playacar fase 2 es un plan maestro condominal que aún conserva reductos de selva mediana; en abril pasado, se registró la presencia de un venado en la Quinta Avenida, junto a la zona de Playacar, lo que sugiere la existencia de una reserva de fauna en el entorno del condomino. Ante estos hechos, el secretario reiteró que quien obtiene una autorización ambiental está obligado a cumplir todas sus condicionantes y que la omisión de estas medidas acarrea consecuencias administrativas, que en este caso motivaron el inicio del proceso de revocación.

Las autoridades estatales han señalado que se dará seguimiento al procedimiento y que se informará sobre los pasos posteriores conforme avance la investigación administrativa. Mientras tanto, vecinos y colectivos ambientales mantienen atención sobre la situación de los animales que quedaron en la zona y sobre las sanciones que puedan derivarse del incumplimiento del permiso.

Contexto y expectativas

El inicio del trámite de revocación busca determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, restituir las condiciones ambientales afectadas o impedir la continuación del proyecto bajo la autorización vigente. La notificación a Profepa amplía la dimensión del caso al ámbito federal, por lo que las siguientes semanas serán clave para conocer medidas de reparación, posibles sanciones y el destino de los ejemplares de fauna desplazados por el desmonte.