A partir de enero de 2026, los conductores del transporte público en el Estado de México deberán aprobar un examen práctico de certificación para obtener o renovar su licencia de manejo, según informó el secretario de Movilidad estatal, Daniel Sibaja, durante la apertura de un nuevo módulo de licencias en Nicolás Romero. La certificación será impartida por el ICATI y tendrá un costo de 380 pesos, con una vigencia de dos años.

Sibaja detalló que actualmente existen alrededor de 150 mil licencias de transporte público registradas en la entidad. Con la nueva disposición, los operadores podrán acceder por primera vez a licencias con vigencia extendida, siempre que cumplan con el proceso de evaluación. Hasta ahora, la renovación solo podía realizarse por un periodo de un año.

Como parte del rediseño del sistema de renovación, la Secretaría de Movilidad desarrolló un estudio de movilidad específico para Nicolás Romero que permitió implementar un esquema que beneficiará exclusivamente a los transportistas en regla. Bajo este modelo, los conductores recibirán una carta postal para gestionar la renovación sin necesidad de acudir al módulo presencial. El pago incluirá un monto adicional de 10 pesos correspondiente al servicio postal, y la licencia actualizada llegará directamente al domicilio del solicitante.

El titular del área de Licencias y Operadores, Alejandro Palacios Estrada, explicó que el nuevo esquema de certificación replicará el modelo actualmente aplicado a motociclistas. La evaluación incluirá pruebas de pericia al volante, conocimiento del reglamento de tránsito y mecánica básica. Las capacitaciones se impartirán en diversos EDAYOS del Estado de México en coordinación con la Secretaría del Trabajo.

Palacios subrayó que fue el propio sector transportista quien solicitó ampliar la vigencia de las licencias, lo cual solo será posible cumpliendo con el proceso de certificación. La finalidad central de este cambio —aseguró— es fortalecer la seguridad vial tanto para los operadores como para los usuarios, quienes tendrán la certeza de que el conductor fue evaluado y cuenta con las competencias necesarias para operar una unidad de transporte público.

La introducción de esta certificación obligatoria marca un paso hacia la profesionalización del sector y hacia un esquema más estricto de control, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir riesgos en una de las entidades con mayor flujo de transporte público del país.